EL VALOR DE LA JUSTICIA EN DEMOCRACIA

En otro tiempo no habría ocurrido. La Iglesia española siempre escondió bajo un tupido velo cualquier escándalo en su seno. En mi libro "El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco" señalo cómo la jerarquía católica siempre se guió por los principios de la doble vida y la doble moral: perseguían determinados comportamientos, por ejemplo de índole sexual, pero luego hacían la vista gorda cuando esos mismos comportamientos se detectaban en su seno. Con un simple cambio de destino del sacerdote o la monja se resolvían los problemas.
Sin embargo, esta España de hoy es, por suerte, muy diferente a aquella. En esta España de 2007, un arzobispo se sienta en el banquillo... y es condenado.
Hoy, por ejemplo, se ha sabido que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de aquella ciudad al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció. El delito se refiere a la intimidación que ejerció contra el sacerdote Javier Martínez Medina, para que paralizara la publicación de un libro sobre la Catedral de Granada. El magistrado Miguel Ángel Torres -instructor del "caso Malaya"-, condena al arzobispo al pago de una multa de 10 euros durante 12 meses, mientras que por la falta de injurias le impone una multa de 10 euros durante 15 días. En el juicio, el arzobispo defendió su libertad de actuación como responsable de la Diócesis y afirmó que se siente "víctima de un acoso mediático". En la misma sesión, el juez Torres tuvo que llamar la atención dos veces al prelado y le pidió que no fuera "tan brusco" en sus respuestas.
No hay acoso mediático, ni la España laica pone la bota en el cuello de nadie. Lo que hay es un juicio con garantías, una serie de pruebas y una sentencia. Y punto. Todos somos iguales ante la ley.