Parece que el Gobierno reconsidera su postura de inacción respecto al Valle de los Caídos. Meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica -que dejaba todo más o menos igual que estaba hasta entonces en Cuelgamuros-, parece que se han iniciado estudios para valorar la viabilidad de localizar, exhumar e identificar los cuerpos de un grupo de republicanos ajusticiados durante la guerra, trasladados al mausoleo como "desconocidos" y ahora reclamados por sus familiares.
Interviú publica esta semana un reportaje sobre este asunto, cuyo contenido ha sido reproducido por otros medios como El Mundo. Según este reportaje, el Ejecutivo ha reconocido que se está realizando un trabajo triple: primero, un estudio de la ubicación de los restos, segundo, un estudio arquitectónico, y tercero, un estudio forense. Parece que familiares, monjes benedictinos y autoridad judicial están al tanto.
Me parece que es una buena noticia, que llega tarde, pero al menos llega. Atiende la legítima demanda de los familiares, que han reclamado de manera insistente una solución. Como he dicho muchas veces en este blog y en diferentes entrevistas, tienen todo el derecho a recuperar los cuerpos si técnicamente es posible. En caso de que ése sea el sentido de la iniciativa de Vicepresidencia del Gobierno -de la que depende Patrimonio y, por tanto, el Valle-, creo que hay que valorarla positivamente, sin olvidar que en esos osarios hay miles y miles de restos -con nombres y apellidos o sin filiación conocida- que merecen el mismo respeto.
Si quieres conocer mejor cómo fueron las exhumaciones y traslados de restos a Cuelgamuros a partir de 1959, te recomiendo la lectura de "El Valle de los Caídos. Una memoria de España".
A todo esto, el Gobierno tiene otra "patata caliente" respecto al Valle de los Caídos: el cierre del recinto, que sólo se abre para la misa de 11. Probablemente sea necesario de manera urgente adoptar una decisión global respecto al monumento que languidece, moribundo, por el cierre casi total de las instalaciones salvo la abadía y la hospedería que gestionan los monjes.
2 comentarios:
El Gobierno ha perdido mucho tiempo, efectivamente. Podría haber resuelto el asunto tiempo atrás, de manera discreta, sin necesidad de dar bola a las familias.
Por otro lado, ya va siendo hora de callar la boca al abad y recordarle que vivimos en un Estado de derecho y que, por encima de la consideración religiosa (o no) del lugar, está la Ley, vigente en TODO el territorio nacional. Así que los frailes de aquel lugar tendrán que acatar lo que diga el Gobierno,.
Felicidades por el comentario. Da gusto encontrar a personas un poquito lúcifdas.
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